El reto viral de hacer caca en piscinas obliga a cerrar más de 300 recintos en España
El reto viral que incita a defecar en piscinas públicas provoca cierres masivos, genera costes sanitarios y pone en riesgo la salud de los bañistas.
María Rivas
Desde que surgió en redes sociales en 2018, un polémico reto viral ha provocado el cierre de centenares de piscinas municipales en España. La práctica, que consiste en defecar dentro del agua, ha vuelto a causar estragos durante el verano de 2025, afectando ya a más de 300 instalaciones públicas en todo el país.
Este fenómeno no responde a accidentes fortuitos o problemas de salud. Se trata de acciones deliberadas, en muchos casos impulsadas por desafíos virales en redes como TikTok. El resultado: evacuaciones, enfado ciudadano, protocolos de emergencia y riesgo para la salud pública.
Hay incidentes por todo el territorio: de Catalunya a Euskadi, pasando por Castilla y León y la Comunidad Valenciana
Los casos se repiten con patrón casi idéntico: un bañista detecta excrementos flotando, avisa al personal de la instalación, y acto seguido se activa el protocolo de cierre y descontaminación. Este verano han resultado especialmente afectados municipios como Sant Joan de Vilatorrada, Bellver de Cerdanya y Berga, en Catalunya; Orduña y Sopela, en Euskadi; o Canals y Carcaixent, en la Comunidad Valenciana.
En Valladolid, los operarios del Centro Deportivo Canterac encontraron restos en dos de sus piscinas al comenzar su jornada. Afortunadamente, sucedió antes de la apertura al público, lo que evitó el desalojo, aunque igualmente hubo que vaciar y tratar el agua. En Cantabria, instalaciones como las de Torrelavega, Los Corrales de Buelna o Reocín también han sufrido varios episodios en los últimos días.
Riesgos sanitarios reales
La presencia de heces humanas en piscinas es un problema serio. No se trata solo de una cuestión de higiene. Los excrementos contienen millones de microorganismos, entre ellos bacterias como E. coli, virus o protozoos, que pueden propagarse con rapidez en el agua y afectar a quienes la ingieren o tienen heridas expuestas.
Especialistas en salud pública han advertido de los posibles efectos: diarreas, hepatitis A, fiebre tifoidea o incluso cólera. Por eso, las piscinas afectadas deben ser sometidas a procesos de hipercloración, con niveles altos de cloro, y a análisis bacteriológicos exhaustivos antes de reabrirse.
Este peligroso reto para la salud pública puede causar diarreas, hepatitis A, fiebre tifoidea o incluso cólera
Un acto sin delito, pero con consecuencias
Aunque no existe una legislación estatal específica que penalice defecar en una piscina, la mayoría de ayuntamientos pueden aplicar sanciones administrativas o tomar medidas disuasorias. Las normativas locales, como la de Andalucía, contemplan multas de hasta 600.000 euros en los casos más graves. Además, los responsables pueden ser expulsados durante años de las instalaciones.
Varios consistorios ya han comenzado a revisar imágenes de cámaras de seguridad para intentar identificar a los autores. En palabras del alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, quien sea identificado «no volverá a entrar a la piscina municipal».
Llamamientos al civismo y mayor vigilancia
Tanto responsables municipales como entidades deportivas y cuerpos de seguridad apelan al comportamiento responsable de los ciudadanos. Desde la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid hasta los alcaldes de municipios afectados, el mensaje es unánime: estas acciones no son bromas inocentes, sino conductas incívicas que amenazan la salud de todos.
En respuesta, se han intensificado las labores de vigilancia, especialmente en horarios nocturnos, para evitar que personas ajenas accedan a las instalaciones con fines vandálicos.
Una práctica sin sentido que ya afecta a miles
Según estimaciones, más de 300 piscinas públicas en España se han visto obligadas a cerrar temporalmente desde que se popularizó este reto en 2018. En algunos municipios, como Aldeamayor o Boecillo, durante el verano de 2019 se contabilizaron hasta siete incidentes en un solo mes.
Hoy, el problema sigue vigente, y con el auge de las redes sociales, su alcance parece no detenerse. Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana —avisando ante conductas sospechosas o denunciando comportamientos incívicos— es clave para frenar esta peligrosa moda que pone en riesgo el derecho de todos a disfrutar del verano con seguridad.