¿Qué es el ecocidio y por qué se considera un crimen contra la naturaleza?
Hablamos del ecocidio, la línea roja que cruzan empresas y gobiernos cuando convierten la naturaleza en zona de sacrificio. ¿Dónde está el límite?
Juan Carlos Broncano
Derrames de petróleo y otras sustancias nocivas, desforestación de bosques y zonas protegidas, contaminación de suelos y aguas subterráneas… De un tiempo a esta parte, la acción humana ha acelerado la degradación de la Tierra a un ritmo sin precedentes.
Es lo que se conoce como ecocidio, es decir, la destrucción masiva de los ecosistemas, consecuencia de un sistema que prioriza el beneficio económico sobre la salud del planeta.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando el medio ambiente deja de ser un recurso para ser reconocido como un derecho? Y lo que es más importante, ¿estamos a tiempo de responder?
Definición de ecocidio
El ecocidio se define como la destrucción extensa, grave y sistemática de los ecosistemas, causada directa o indirectamente por la acción humana, con consecuencias devastadoras para la biodiversidad, el clima y las comunidades que dependen de estos entornos.
A diferencia de la contaminación ocasional o los daños ambientales menores, el ecocidio genera daños ambientales de tal magnitud que sus efectos persisten durante décadas o, en algunos casos, se vuelven permanentes.
Etimología y origen del término
La palabra ecocidio combina el prefijo eco (del griego oikos, que significa casa o hábitat) y el sufijo cidio (del latín caedere, que significa matar o destruir). Literalmente, significa «matar nuestra casa».
El término fue acuñado por primera vez en 1970 por el profesor Arthur Galston, botánico estadounidense, durante la Conferencia sobre la Guerra y la Responsabilidad Nacional en Washington D.C. Galston utilizó esta palabra para describir la devastación causada por el Agente Naranja, un herbicida utilizado por el ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam que destruyó más de cinco millones de acres de bosques y cultivos.
La destrucción ambiental como estrategia militar puso en evidencia que el daño a la naturaleza podía ser tan sistemático y devastador como un genocidio, pero dirigido contra el planeta. Las fuentes indican que se rociaron más de 77 millones de litros de defoliantes, destruyendo aproximadamente 20.000 km² de bosques y tierras cultivables, así como 500.000 hectáreas de manglares, cerca del 20% del territorio de Vietnam del Sur.
Evolución del concepto en el derecho ambiental
El concepto de ecocidio ha recorrido un largo camino desde que apareció en los debates públicos en la década de 1970. Durante la elaboración del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 1998, surgió la posibilidad de incluir el ecocidio como un «crimen contra la paz», equiparándolo al genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Lamentablemente, la versión final del documento lo excluyó.
Esta omisión no logró enterrar el concepto. La abogada escocesa Polly Higgins, fallecida en 2019, dedicó su vida a impulsar el reconocimiento legal del ecocidio. En 2010, Higgins presentó ante las Naciones Unidas una propuesta histórica, definiendo el ecocidio como «el daño extenso, la destrucción o la pérdida de ecosistemas de un territorio concreto, ya sea por mediación humana o por otras causas, de tal magnitud que el disfrute pacífico de ese territorio por sus habitantes se vea severamente disminuido».
Más recientemente, en 2021, un panel independiente de juristas presentó una definición legal del ecocidio como «actos ilícitos o arbitrarios cometidos con conocimiento de que existe una probabilidad sustancial de que causen daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente», sentando las bases para incorporar el ecocidio como quinto crimen internacional en el Estatuto de Roma.
¿Por qué se plantea como crimen internacional?
Porque el planeta no entiende de fronteras. Cuando una empresa envenena un río en Brasil, afecta a los ciclos de lluvia en Bolivia. Cuando se talan los bosques del Congo, se altera el clima de Europa. Y cuando se extinguen especies en Indonesia, perdemos patrimonio genético que podría haber curado enfermedades en cualquier rincón del mundo.
Reconocerlo como crimen internacional permitiría establecer responsabilidades penales individuales a todas aquellas personas y organizaciones cuyas acciones generan daños ambientales masivos, cerrando el vacío legal que hoy reduce estos casos a multas o sanciones simbólicas. Políticos, lobbies de empresas, ejecutivos y un largo etcétera.
Propuestas ante la Corte Penal Internacional
En junio de 2021, la iniciativa Stop Ecocide International presentó a la Corte Penal Internacional la definición legal elaborada por sus expertos. El documento propone considerar al ecocidio como un crimen internacional cuando provoque «daños graves y generalizados o a largo plazo al medio ambiente».
La materialización de esta iniciativa requeriría modificar el Estatuto de Roma, para lo cual se necesita el respaldo de al menos dos tercios de los 123 estados miembros de la CPI. Aunque el recorrido se prevé largo, varios países han mostrado ya su inclinación favorable. Francia, Bélgica, Finlandia y diversos estados insulares del Pacífico —particularmente vulnerables al cambio climático— han manifestado públicamente su apoyo a la criminalización internacional del ecocidio.
Incorporar el ecocidio al Estatuto de Roma tendría un doble efecto: disuasorio, al establecer un marco de responsabilidad penal para los destructores ambientales a gran escala; y simbólico, al elevar la protección de la naturaleza al máximo nivel jurídico internacional.
Organizaciones y movimientos que impulsan esta figura legal
Fundada por Jojo Mehta y la abogada Polly Higgins, Stop Ecocide International es la organización más influyente en la campaña global para reconocer el ecocidio como crimen internacional, liderando causas como la elaboración de propuestas jurídicas y la coordinación de expertos legales a nivel internacional.
Otras como Greenpeace y Extinction Rebellion han apoyado la idea de fortalecer los marcos legales internacionales contra la destrucción ambiental, si bien su foco principal es la acción directa y la presión política. Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha alertado sobre sus posibles peligros publicando informes regulares sobre la importancia de la justicia ambiental.
Gracias al creciente reconocimiento público de la crisis ecológica global, figuras como Greta Thunberg y el Papa Francisco han mencionado el concepto de ecocidio en sus discursos sobre justicia ambiental. Asimismo, parlamentos como los de Francia, Bélgica y Reino Unido han debatido propuestas para reconocer el ecocidio en sus jurisdicciones, mientras que países como Rusia, Vietnam, Ucrania y Armenia ya incluyen alguna forma de este crimen en sus códigos penales, aunque con aplicaciones y definiciones variables.
Ejemplos de ecocidio en el mundo
La historia reciente está plagada de atrocidades ambientales, muchas de ellas derivadas de políticas deliberadas y negocios criminales disfrazados de progreso.
Amazonía y deforestación masiva
Considerada el pulmón del planeta, la Amazonía pierde cada año extensiones de bosque tropical equivalentes al territorio de países enteros debido a la tala ilegal, la conversión de bosques en tierras agrícolas y ganaderas y la minería, entre otras. Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, entre agosto de 2020 y julio de 2021, la deforestación en la Amazonía brasileña alcanzó 13.235 kilómetros cuadrados, el nivel más alto desde 2006.
El bosque amazónico almacena entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de carbono, por lo que su destrucción liberaría estas enormes cantidades de carbono a la atmósfera, además de reducir la capacidad del planeta para absorber CO2, acelerando así el cambio climático y su desertificación. Por si fuera poco, se estima que alberga el 10% de todas las especies conocidas del planeta, muchas de las cuales no han sido ni siquiera documentadas.
Vertidos industriales y contaminación marina
Los océanos, que cubren más del 70% de la superficie terrestre, también registran niveles sin precedentes de contaminación. El desastre de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en 2010 en el Golfo de México liberó aproximadamente 4,9 millones de barriles de petróleo, causando la muerte de miles de especies marinas y alterando los ecosistemas costeros durante años.
De manera similar, el vertido tóxico de la minera brasileña Samarco en 2015, cuando el colapso de una presa liberó 60 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos en el río Doce, provocó lo que muchos consideran el peor desastre ambiental en la historia de Brasil. La contaminación recorrió 650 kilómetros hasta llegar al océano Atlántico, devastando ecosistemas fluviales y marinos, con todo lo que ello conlleva.
Cada año, aproximadamente 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos. Estos desechos forman enormes «islas» de plástico, como el Gran Parche de Basura del Pacífico, que cubre una superficie de 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Los microplásticos derivados de esta contaminación ya han sido encontrados en los organismos marinos más remotos y esenciales como el plancton, base de la cadena alimentaria marina.
Grandes infraestructuras con impacto ecológico severo
Proyectos como la presa de las Tres Gargantas en China, la mayor central hidroeléctrica del mundo, ejemplifican el dilema entre desarrollo y conservación ambiental. Su construcción requirió la inundación de 632 kilómetros cuadrados de tierra, el desplazamiento de 1,3 millones de personas y alteró irreversiblemente el ecosistema del río Yangtsé.
La mina de cobre y oro de Grasberg en Indonesia, una de las más grandes del mundo, ha generado casi mil millones de toneladas de residuos que han contaminado ríos, afectado bosques tropicales y amenazado la biodiversidad de Papúa Occidental. En la Amazonía, proyectos como la represa de Belo Monte en Brasil han inundado extensas áreas de bosque tropical y alterado los ciclos hidrológicos de toda la cuenca amazónica.
¿Qué dice la legislación española sobre el ecocidio?
España, como muchos otros países, no cuenta con una tipificación del ecocidio en su ordenamiento jurídico, pero sí contempla ciertos mecanismos para la protección del medio ambiente y la sanción de conductas que lo dañan gravemente.
Código Penal y delitos contra el medio ambiente
El Código Penal español dedica su Título XVI a los «Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente». Concretamente, el Capítulo III (artículos 325 a 331) aborda los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
El artículo 325 establece penas para quien «provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas» que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los ecosistemas naturales. Las penas pueden incrementarse si el riesgo de grave perjuicio es para la salud de las personas.
La reforma del Código Penal de 2015 también amplia el alcance de los delitos ambientales e incrementa sus sanciones, si bien siguen centrándose en acciones concretas y no contemplan la destrucción ambiental masiva como un delito autónomo comparable al concepto internacional de ecocidio.
Vacíos legales y retos legislativos
Uno de los principales vacíos es la dificultad para establecer responsabilidades penales corporativas efectivas. Aunque la reforma del Código Penal de 2010 introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, su aplicación en casos de delitos ambientales ha sido limitada. Las multas suelen ser insuficientes en comparación con los beneficios económicos derivados de actividades contaminantes.
Algo similar sucede con la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, que establece un régimen administrativo de reparación de daños ambientales, pero presenta limitaciones en casos de gran escala. Los procesos suelen ser lentos, las compensaciones económicas no siempre garantizan la restauración de los ecosistemas y, muchas veces, los responsables logran eludir sus obligaciones mediante recursos administrativos.
La fragmentación competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia ambiental también dificulta la aplicación coherente de la normativa. En la práctica, esta dispersión normativa genera inseguridad jurídica y obstaculiza la protección del medio ambiente.
Diferencias entre daño ambiental y ecocidio
La huella ecológica humana es inevitable, pero no toda alteración del medio natural alcanza la categoría de ecocidio. Un daño ambiental convencional suele estar acotado geográficamente, tiene efectos temporales y, generalmente, permite la recuperación del ecosistema.
Puede surgir de accidentes, negligencias e incluso de actividades perfectamente legales que cumplen con los estándares regulatorios vigentes. La legislación ambiental tradicional está concebida principalmente para prevenir, mitigar y compensar estos daños.
Por el contrario, el ecocidio, desgarra el tejido ecológico a una escala colosal, con consecuencias que perduran generaciones o se vuelven permanentes. Por otro lado, quien comete ecocidio actúa con pleno conocimiento —o debería tenerlo— de las devastadoras consecuencias de sus actos. Es decir, no estamos ante simples daños colaterales del progreso económico, más bien ante deciciones conscientes que ponen el peligro la supervivencia de especies, incluida la humana.
El futuro del ecocidio: ¿será reconocido como crimen universal?
La campaña para reconocer el ecocidio como quinto crimen internacional atraviesa un momento histórico sin precedentes ante el temor de llegar al punto de no retorno. De hecho, no son pocos los indicadores que apuntan hacia una posible consagración futura del ecocidio en el derecho penal internacional.
La Unión Europea ha comenzado a explorar la incorporación de este concepto en su Directiva sobre Protección Penal del Medio Ambiente. En 2021, el Parlamento Europeo aprobó una resolución instando a la UE y sus Estados miembros a promover activamente el reconocimiento del ecocidio como crimen internacional. Países como Bélgica y Francia han dado ya los primeros pasos legislativos en esta dirección.
Por desgracia, la relación potencia mundiales como Estados Unidos, Rusia y China —que mantienen una relación distante o directamente antagónica con la CPI— podrían torpedear el proceso. Eso por no hablar de la influencia del poderoso lobby de industrias, además de la desinformación que existe en torno a la sostenibilidad ambiental.
El destino del ecocidio como categoría jurídica internacional dependerá, por tanto, de la concienciación ciudadana sobre la gravedad de la crisis ecológica, pero sobre todo, de la voluntad política de gobiernos y naciones. Como expresó Polly Higgins en su libro Eradicating Ecocide, «La paz no puede existir mientras la destrucción de la Tierra siga siendo legal».