Todo lo que hay que saber sobre la futura ley de movilidad sostenible

Se espera que el anteproyecto de la Ley de movilidad sostenible se apruebe en 2023.

María José Montesinos

María José Montesinos

El anteproyecto de Ley de movilidad sostenible española, que se espera ser aprobado en 2023, apuesta por el transporte no contaminante y digitalizado. Y es que, la manera en la que la población se desplaza, tanto diariamente como de manera estacional, ha cambiado con el paso de los años.

Este cambio se debe a los nuevos hábitos sociales y las nuevas tecnologías pero también a las necesidades medioambientales. Una de estas necesidades es, por ejemplo, reducir las emisiones de efecto invernadero.

Para entender los cambios que traerá esta ley (de ser aprobada) es fundamental explicarla en detalle.

Como se ha dicho, el Gobierno de España declaró aprobado el anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), el 22 de marzo de 2022. Ahora, le sigue la tramitación en el Parlamento y se espera que la nueva ley pueda quedar aprobada en 2023.

La movilidad se reconoce como un derecho

La futura Ley de Movilidad Sostenible reconoce por primera vez en la legislación española la movilidad como un derecho. Un derecho dirigido a garantizar la igualdad tanto entre personas como entre territorios.

Se debe garantizar el derecho a la movilidad tanto en ciudades como en el medio rural

El anteproyecto insta a todas las administraciones a trabajar de manera coordinada para poder garantizar este derecho a todos los españoles. Especialmente en sus necesidades de movilidad cotidiana (ya vivan en las ciudades como en el mundo rural).

Ley de movilidad sostenible
Los cuatro pilares sobre los que fundamenta el anteproyecto de Ley de movilidad sostenible. Fuente imagen: Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana.

Este es uno de los principios generales pero también el anteproyecto de ley desciende a medidas concretas. Algunas de ellas son, por ejemplo, la obligación a las empresas de más 500 trabajadores a tener un plan de transporte sostenible.

Planes de movilidad sostenible

En el ámbito urbano, la futura ley obliga a las ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes a disponer de un plan de movilidad sostenible. Este plan, además, debe revisarse cada cinco años, como mínimo.

Los ayuntamientos podrán imponer tasas a los vehículos que circulen en Zonas de Bajas Emisiones

El anteproyecto de ley ha dejado fuera, finalmente, la obligación del pago por circular por las carreteras españolas. No obstante, sí que permite a los ayuntamientos que así lo decidan a imponer tasas a los vehículos que circulen por Zonas de Bajas Emisiones.

Es necesario recalcar que la obligación de crear Zonas Bajas de Emisiones fue impuesta por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esta incidía, sobre todo, en los municipios de más de 50.000 habitantes.

Ahora, la nueva normativa de movilidad sostenible da un paso más. Y lo hace ofreciendo la posibilidad de establecer una tasa disuasoria al uso del vehículo privado.

Favorecer la movilidad activa

Con este anteproyecto de ley se plantea un nuevo concepto urbano. Lo más destacable de este es que en el prima la movilidad activa. Esto es, desplazarse caminando o en bicicleta. Estos son, al fin y al cabo, las opciones más saludables y con «cero emisiones».

El reparto de mercancías, responsable de parte creciente de la huella del transporte. Fuente: Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana

También en este aspecto atiende a un sector muy sensible y que cada vez tiene una mayor aportación a la huella de carbono. Este es el de la logística y el reparto de mercancías. En este sentido, la ley impone que los planes de movilidad urbana sostenible incluyan medidas para racionalizar los repartos.

Se pide que los planes de movilidad urbana incluyan medidas para racionalizar los repartos.

La nueva Ley de Movilidad Sostenible anima a todos los municipios vecinos a establecer criterios homogéneos en los sistemas de reparto de mercancías. Una antigua demanda de este sector para facilitar la logística. En especial del reparto de última milla entre núcleos urbanos contiguos.

De ‘la ciudad de los coches’ a la ‘ciudad de las personas’

En definitiva, el objetivo de la Ley de movilidad sostenible es pasar de ‘la ciudad de los coches’ a la ‘ciudad de las personas’. Así mismo, se busca que las Administraciones fomenten las soluciones de movilidad más sostenibles.

Por supuesto, también se quiere impulsar el uso del transporte público, haciéndolo más funcional y atractivo.

Esos nuevos servicios de movilidad que propone la futura ley engloban varias iniciativas. Una de ellas es la creación de sistemas de transporte público. Otra es a la demanda de redes privadas de movilidad colaborativa o servicios de movilidad compartida.

El transporte colectivo, otra de las apuestas de la nueva ley de Movilidad Sostenible. Fuente: Pixabay

Sistema Nacional de Movilidad Sostenible

Para dar soporte a estos nuevos servicios, la futura Ley ha creado el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible. Busca ser el medio en el que puedan cooperar las tres administraciones –Estado, Comunidades autónomas y municipios- para desarrollar políticas integradas de transportes y movilidad.

Un único espacio reunirá toda la información sobre oferta y demanda en los medios de transporte

Este sistema operará a través de un instrumento digital que se creará también con la nueva ley. Es el llamado Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM). En él se integrará la información sobre movilidad de todo tipo, así como sobre la oferta y demanda en los diversos medios de transporte.

Los datos estarán disponibles para las administraciones públicas a fin de saber qué medidas deben implementarse en cada momento. Igualmente, se ha señalado que estos informes serán accesibles también para el sector privado, hasta donde sea posible.

Huella de carbono del reparto de mercancías

Además, la nueva ley de movilidad sostenible contempla que las compañías de autobuses, líneas ferroviarias o aerolíneas (ya sean públicas o privadas, de personas o de mercancías) estarán obligadas a calcular las emisiones de gases de efecto invernadero de cada uno de sus servicios de transporte.

Sumado a esto, se deberá informar de la huella de carbono a los viajeros en el momento de adquirir el billete. También en la formalización del contrato en el caso del transporte de mercancías.

Los contratos de transporte informarán de la huella de carbono. Fuente: Pexels

La futura Ley de Movilidad Sostenible defiende una gestión más eficiente de las terminales de transporte. Sin olvidar que contempla la creación de carriles reservados a transporte colectivo o vehículos de alta ocupación. También el establecimiento de puntos de recarga de energías limpias en puertos y aeropuertos.

En cuanto al transporte sostenible en las empresas, se proponen distintas alternativas. Desde apostar por el uso de la bicicleta, la movilidad compartida, el coche eléctrico o el transporte colectivo. También se apunta hacia el teletrabajo o a flexibilizar los horarios de entrada y salida.

Los viajeros verán en sus billetes la huella de carbono de sus desplazamientos.

La movilidad no es algo que afecte solamente a la vida de los ciudadanos, también es clave para la economía. El MITMA asegura que esta modernización beneficiará a las empresas, que podrían incrementar su productividad hasta un 3,3%.

El anteproyecto también se dirige al ciudadano. Propone realizar campañas de concienciación social en materia de movilidad sostenible y segura. Incluso anuncia la integración de formación vial y de sostenibilidad en el currículo escolar.

Ley de movilidad sostenible
El proyecto de ley promueve una movilidad activa y saludable. Fuente: Pexels

Desde Gobierno, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez señalaba que la nueva ley de Movilidad Sostenible quiere «responder mejor a las necesidades reales de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI».

El anteproyecto cumple con varios de los principios recogidos en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030. Además, ayudará a lograr los objetivos de reducción de emisiones de la Agenda 2030 de la ONU y el Tratado de París.